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Un reciente incidente por fuego en un establecimiento público, que dejó varias personas heridas y obligó a una intervención urgente de los servicios de emergencia, ha vuelto a situar la seguridad contra incendios en el centro del debate público. La rápida propagación del humo, la evacuación preventiva y la necesidad de sistemas de protección eficaces evidencian que la prevención no admite improvisaciones, especialmente cuando se trata de espacios con alta ocupación. Esta realidad refuerza la importancia de aplicar criterios estrictos y actualizados en entornos sensibles como colegios, institutos y universidades, donde la protección de menores y personal educativo debe ser absoluta.
Bajo este escenario, los centros educativos andaluces están sujetos a una normativa clara y exigente que regula todos los aspectos relacionados con la protección activa contra incendios. La correcta aplicación del marco legal vigente garantiza no solo el cumplimiento normativo, sino también la reducción real del riesgo, la capacidad de respuesta inmediata y la preservación de vidas y bienes materiales. La planificación, la instalación adecuada y el mantenimiento periódico constituyen pilares inseparables de una estrategia eficaz.
La normativa establece que todos los centros educativos deben contar con sistemas de protección contra incendios homologados, dimensionados según la ocupación, el uso del edificio y su configuración constructiva. Entre estos sistemas se incluyen extintores portátiles, sistemas de detección automática, alarmas acústicas y visuales, señalización fotoluminiscente y, cuando procede, sistemas de control de humos y rociadores automáticos. Cada elemento cumple una función específica dentro de una estrategia integral que prioriza la detección temprana y la intervención inicial.
Es fundamental que estos sistemas se instalen conforme a los criterios técnicos actualizados y que su distribución permita una actuación rápida en cualquier punto del edificio. La accesibilidad, la visibilidad y la correcta señalización son factores decisivos para que el personal pueda actuar con eficacia durante los primeros instantes de una emergencia.
En el análisis técnico destacan los extintores y bies como elementos esenciales de intervención inmediata. Estos equipos permiten controlar un conato de incendio antes de que alcance una fase crítica, siempre que se encuentren correctamente mantenidos y ubicados según la normativa. En centros educativos, su presencia es obligatoria en aulas, pasillos, zonas comunes, laboratorios y áreas técnicas.
Los extintores ABC son los más habituales por su capacidad polivalente, ya que actúan sobre fuegos de sólidos, líquidos inflamables y gases. Las Bocas de Incendio Equipadas (BIEs), por su parte, resultan indispensables en edificios de mayor superficie o complejidad, proporcionando un caudal continuo de agua para una actuación más prolongada. La combinación de ambos sistemas refuerza la capacidad de respuesta interna hasta la llegada de los servicios de emergencia.
El reglamento contra incendios en colegios establece criterios precisos sobre instalación, mantenimiento e inspección de los sistemas PCI en entornos educativos. Este marco normativo exige que todos los equipos cuenten con marcado CE, certificaciones de conformidad y que sean instalados por empresas habilitadas por la administración competente.
Asimismo, se impone la obligación de realizar revisiones periódicas documentadas, con registros accesibles para inspecciones oficiales. Estas revisiones garantizan que cada sistema funcione conforme a los parámetros de diseño y que cualquier anomalía sea corregida de manera inmediata, evitando situaciones de riesgo acumulado.
El Reglamento de las instalaciones de protección contra incendios en colegios andaluces se articula a partir del Real Decreto 513/2017 (RIPCI), adaptado a las competencias autonómicas en materia de seguridad industrial y protección civil. Esta normativa define con precisión las responsabilidades del titular del centro, las frecuencias de mantenimiento y los requisitos de inspección por Organismos de Control Autorizados (OCA).
Entre las obligaciones más relevantes se encuentran la inspección visual trimestral, la revisión anual por empresa mantenedora y el retimbrado quinquenal de los extintores. Además, se establece la inspección obligatoria de las instalaciones cada diez años, asegurando la trazabilidad y fiabilidad del sistema a lo largo de su vida útil.
El mantenimiento no debe entenderse como una formalidad administrativa, sino como un proceso técnico preventivo que garantiza la operatividad real de los sistemas. Cada revisión debe quedar reflejada en un libro de mantenimiento, donde se registren fechas, actuaciones realizadas y responsables técnicos. Esta documentación resulta clave tanto para auditorías internas como para inspecciones oficiales.
La falta de mantenimiento adecuado puede derivar en sanciones administrativas, pero, sobre todo, en fallos críticos durante una emergencia real. Por ello, la contratación de empresas mantenedoras acreditadas constituye una decisión estratégica para la dirección de cualquier centro educativo.
La normativa exige que el personal técnico encargado de instalar y mantener los sistemas PCI cumpla los requisitos del Anexo IV del RIPCI. Este anexo define los conocimientos mínimos obligatorios, incluyendo física del fuego, normativa aplicable, señalización, sectorización y manejo de equipos específicos.
La formación debe ser impartida por entidades autorizadas, con programas diferenciados según el tipo de sistema. De este modo, se asegura que cada intervención técnica se realice con criterios profesionales homogéneos, minimizando errores y aumentando la fiabilidad global de las instalaciones.
El cumplimiento estricto del RIPCI no solo responde a una exigencia legal, sino que constituye una política de prevención integral. La correcta planificación, unida a sistemas homologados y personal cualificado, reduce drásticamente la probabilidad de incidentes graves y mejora la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.
En Andalucía, los centros educativos que apuestan por una gestión preventiva avanzada refuerzan la confianza de las familias, del personal docente y de las administraciones públicas, consolidando entornos seguros y preparados.
La protección contra incendios en centros educativos andaluces requiere una aplicación rigurosa de la normativa, un mantenimiento constante y una visión preventiva a largo plazo. La integración de sistemas eficaces, documentación actualizada y profesionales cualificados constituye la base de una seguridad real y verificable. Solo mediante este enfoque se garantiza un entorno educativo protegido, capaz de responder con eficacia ante cualquier emergencia.
Plataforma logística de 16.000 m² en Barcelona refuerza la infraestructura industrial con estándares de alta eficiencia. Operación estratégica que impulsa la capacidad logística y la inversión sostenible.
La reciente operación de arrendamiento de una plataforma logística de más de 16.000 m² en Barcelona marca un hito relevante para el tejido industrial y de distribución de la región. La nave, propiedad de Pictet y Freo Group, ha sido alquilada por LVTmoto, perteneciente al Grupo Lagermax, bajo un esquema de arrendamiento a largo plazo, lo que confirma la apuesta por la estabilidad operativa y la optimización de flujos logísticos. La transacción ha contado con el asesoramiento de BNP Paribas Real Estate y CBRE, firmas especializadas en activos industriales de alto rendimiento.
El activo dispone de 15 muelles de carga, una playa de maniobras de 31 metros, 120 plazas de aparcamiento y una altura libre de 9,8 a 10,8 metros, parámetros que permiten operaciones intensivas de cross-docking, almacenamiento de alta rotación y preparación de pedidos. Construida por Onilsa sobre una parcela de 23.924 m², la plataforma se sitúa en la segunda corona de Barcelona, dentro del polígono industrial La Borda, con acceso directo a la C-59, facilitando la conexión con los principales corredores de distribución. Su diseño sostenible ha sido reconocido con la certificación BREEAM Excellent, alineando la inversión con criterios ambientales y de eficiencia energética.
El crecimiento del sector logístico exige edificios capaces de sostener altos volúmenes operativos, integrando seguridad estructural, eficiencia energética y protocolos de protección contra incendios. En este tipo de plataformas, la protección pasiva adquiere un papel determinante para preservar la continuidad del negocio, reducir riesgos y cumplir con la normativa vigente. La planificación técnica debe contemplar compartimentación, resistencia al fuego de estructuras metálicas y sellados ignífugos en pasos de instalaciones, especialmente en naves con gran altura libre y tránsito intensivo.
La correcta selección de materiales, sistemas de aplicación y certificaciones técnicas garantiza que el edificio mantenga sus prestaciones durante toda la vida útil. La coordinación entre promotores, constructores y especialistas en protección pasiva permite integrar las soluciones desde la fase de proyecto, evitando retrabajos y asegurando auditorías favorables en procesos de certificación y aseguramiento de calidad.
En instalaciones de gran formato, las ignifugaciones Barcelona se consolidan como un componente clave para alcanzar la resistencia al fuego exigida por el CTE y las normativas sectoriales. Los sistemas aplicados sobre acero estructural, forjados y elementos portantes deben asegurar estabilidad durante el tiempo requerido en caso de incendio, permitiendo evacuación segura y respuesta de los equipos de emergencia.
Las técnicas más empleadas incluyen morteros proyectados, pinturas intumescentes y paneles ignífugos, seleccionados según la geometría del elemento, el grado de exposición y la clasificación de resistencia necesaria. La correcta preparación de superficies, el control de espesores y la verificación mediante ensayos y fichas técnicas son imprescindibles para cumplir con las prestaciones declaradas. En plataformas con muelles de carga y playas de maniobra extensas, la protección de pilares y vigas cobra especial relevancia por el impacto directo en la estabilidad global del edificio.
La intervención de empresas de ignifugaciones con experiencia en activos logísticos permite implementar planes integrales de protección pasiva que abarcan desde el diagnóstico inicial hasta la entrega de documentación técnica para inspecciones y auditorías. Estos equipos trabajan con protocolos de calidad que incluyen mediciones de espesor, ensayos de adherencia y registros fotográficos, asegurando la trazabilidad de cada fase del proceso.
En naves certificadas bajo sellos de sostenibilidad, la compatibilidad de los sistemas ignífugos con criterios ambientales resulta esencial. Por ello, se priorizan soluciones con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), durabilidad frente a humedad y resistencia a impactos, especialmente en zonas de tráfico de carretillas y vehículos pesados. La planificación por fases reduce interferencias con la operativa y acorta los plazos de puesta en marcha, optimizando el retorno de la inversión.
Las ignifugaciones en activos industriales no solo responden a una exigencia normativa, sino que constituyen una estrategia para proteger inventarios, maquinaria y flujos de distribución. En plataformas con alta rotación de mercancía, un incidente puede traducirse en interrupciones prolongadas y pérdidas significativas. La resistencia al fuego de la estructura limita la propagación, facilita la intervención temprana y preserva la integridad del edificio.
La compartimentación mediante sellados en pasos de instalaciones, la protección de bandejas de cableado y la sectorización de áreas críticas refuerzan la capacidad del inmueble para mantener operaciones esenciales. Estos sistemas, correctamente integrados, se convierten en una inversión en continuidad de negocio, respaldada por auditorías de riesgos y requisitos de aseguradoras, cada vez más estrictos en activos logísticos de gran escala.
La localización en la segunda corona de Barcelona, con acceso directo a la C-59, sitúa la plataforma en un punto óptimo para distribución regional y última milla. La proximidad a nodos viarios reduce tiempos de tránsito, mejora la puntualidad de entregas y disminuye costes operativos. La configuración de muelles y la amplitud de la playa de maniobras favorecen la rotación de flotas, evitando cuellos de botella en horas punta.
La altura libre cercana a los 11 metros habilita soluciones de almacenamiento en altura, incrementando la capacidad por metro cuadrado y permitiendo sistemas de picking más eficientes. Esta combinación de diseño arquitectónico y conectividad vial convierte al activo en un referente para operaciones que requieren flexibilidad y escalabilidad.
La certificación BREEAM Excellent acredita el cumplimiento de criterios de eficiencia energética, gestión de residuos, calidad del aire interior y reducción de huella de carbono. Para operadores y propietarios, este estándar se traduce en menores costes de explotación, mayor atractivo para arrendatarios y mejor posicionamiento frente a inversores institucionales.
La integración de soluciones de protección pasiva compatibles con estrategias de sostenibilidad refuerza el desempeño global del edificio. Materiales durables, mantenimiento programado y compatibilidad con futuras ampliaciones garantizan que la nave conserve sus prestaciones frente a cambios en la demanda logística.
Pictet y Freo Group mantienen una estrategia activa en el sector logístico, con más de 100.000 m² gestionados en los principales mercados del país. La apuesta por activos de alta calidad técnica y ubicaciones consolidadas responde a una visión de largo plazo que prioriza la estabilidad de ingresos y la revalorización sostenida.
La combinación de logística, oficinas y expansión hacia el sector residencial permite diversificar riesgos y aprovechar sinergias urbanas. En este contexto, la selección de proveedores técnicos, incluidos especialistas en protección pasiva, se convierte en un factor crítico para sostener estándares homogéneos en toda la cartera.
La vida útil de una plataforma logística depende de programas de mantenimiento preventivo que incluyan revisiones periódicas de sistemas ignífugos, sellados y recubrimientos. La exposición a vibraciones, impactos y cambios de humedad puede afectar a la integridad de los materiales, por lo que la monitorización continua evita degradaciones que comprometan la resistencia al fuego.
Los planes de mantenimiento deben coordinarse con la operativa para minimizar interrupciones, priorizando zonas críticas y programando intervenciones en ventanas de baja actividad. Esta disciplina técnica prolonga la durabilidad de los sistemas, preserva certificaciones y asegura el cumplimiento normativo ante inspecciones.
La evolución del comercio y la distribución exige infraestructuras capaces de adaptarse a picos de demanda, integrando automatización, gestión inteligente de inventarios y seguridad integral. La protección pasiva, lejos de ser un elemento aislado, se integra con el diseño arquitectónico, la ingeniería de instalaciones y los sistemas de control para ofrecer un entorno robusto y preparado para el crecimiento.
La plataforma de 16.000 m² en Barcelona ejemplifica esta convergencia de factores: ubicación estratégica, diseño funcional, certificación sostenible y planificación técnica orientada a la continuidad operativa. Este enfoque integral eleva el estándar del parque logístico y refuerza la confianza de operadores e inversores.
Requisitos para abrir un bar en Córdoba.
Abrir un bar en Córdoba representa una oportunidad empresarial sólida dentro del sector hostelero andaluz, siempre que se aborde el proceso con rigor técnico y cumplimiento normativo. La ciudad cuenta con una regulación clara y exigente que afecta tanto a los aspectos urbanísticos como a los sanitarios, fiscales y de seguridad. Una planificación adecuada permite evitar sanciones, retrasos administrativos y sobrecostes innecesarios.
El inicio de la actividad exige analizar previamente la viabilidad del local, la compatibilidad urbanística y el tipo de bar que se desea explotar. No todas las ubicaciones admiten cualquier modalidad de establecimiento, por lo que resulta imprescindible estudiar la normativa municipal vigente antes de formalizar contratos de alquiler o compra.
El Ayuntamiento de Córdoba clasifica los bares como actividades sometidas a control administrativo, lo que implica la obligación de obtener licencia de apertura o presentar declaración responsable, según el impacto ambiental y acústico de la actividad. Este control se complementa con la normativa autonómica de la Junta de Andalucía, especialmente en materia de espectáculos públicos, salubridad y prevención de incendios.
La elección del procedimiento correcto condiciona los plazos de apertura. En actividades de menor impacto, la declaración responsable permite iniciar la actividad tras la presentación de la documentación, quedando sujeta a inspección posterior. En actividades calificadas, el proceso es más exhaustivo y requiere autorización previa.
Uno de los pilares del proceso es la elaboración de un proyecto técnico firmado por arquitecto o ingeniero competente. Este documento acredita que el local cumple con la normativa vigente y resulta imprescindible para tramitar la licencia. Incluye memoria descriptiva, planos, justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y certificación de adecuación.
Dentro de este proyecto se analiza de forma detallada la protección contra incendios, donde cobra especial relevancia el precio sistema automático de extinción de incendios en cocinas, especialmente en bares con cocina industrial. Este tipo de sistemas no solo es una exigencia técnica en muchos casos, sino una inversión estratégica para garantizar la continuidad del negocio y la seguridad del establecimiento.
La adecuación del local debe realizarse conforme al uso hostelero previsto. Se deben respetar las condiciones mínimas de superficie, altura libre, accesibilidad y evacuación. Los aseos adaptados son obligatorios cuando se superan determinados metros cuadrados, así como la correcta señalización de emergencia y alumbrado autónomo.
El equipamiento y el mobiliario profesional juegan un papel determinante tanto en la operatividad como en el cumplimiento normativo. Contar con proveedores especializados como Mi mobilario Hosteleria facilita la adquisición de elementos homologados, diseñados específicamente para cumplir las exigencias sanitarias, ergonómicas y de seguridad que requiere un bar en Córdoba.
Además de la licencia de apertura, existen otros trámites administrativos que no pueden pasarse por alto. En el caso de actividades comerciales temporales o complementarias, puede resultar necesaria la solicitud de autorización para el ejercicio de la actividad de comercio, especialmente cuando se desarrollan acciones promocionales o se amplía la actividad fuera del ámbito habitual del local.
Si el bar dispone de terraza, es imprescindible obtener la licencia de ocupación de vía pública. Esta autorización exige presentar plano de distribución, seguro de responsabilidad civil y el pago de la tasa municipal correspondiente, además de cumplir con las distancias mínimas peatonales y los horarios establecidos.
La seguridad contra incendios es uno de los aspectos más fiscalizados por la administración. Todo bar debe disponer de extintores homologados, señalización fotoluminiscente, alumbrado de emergencia y un plan de evacuación adaptado al aforo. En locales de mayor capacidad o con cocina industrial, se exige justificar el cumplimiento del CTE DB-SI y, en algunos supuestos, del Reglamento de Seguridad Contra Incendios.
La correcta instalación y mantenimiento de estos sistemas no solo evita sanciones, sino que protege a clientes, trabajadores e instalaciones, reforzando la imagen de profesionalidad del negocio.
Córdoba aplica una estricta ordenanza municipal para la protección contra la contaminación acústica. Los bares con música o equipos de reproducción sonora deben disponer de estudio acústico, limitador-controlador homologado y certificado de aislamiento. Estos elementos deben integrarse en el proyecto técnico y verificarse mediante mediciones oficiales.
El incumplimiento de los límites sonoros puede dar lugar a sanciones económicas, suspensión de la actividad e incluso clausura definitiva, por lo que resulta imprescindible invertir en soluciones acústicas adecuadas desde el inicio.
Desde el punto de vista fiscal, la apertura de un bar exige el alta en Hacienda mediante los modelos 036 o 037, la correcta elección del epígrafe del IAE y la comunicación de inicio de actividad. Paralelamente, debe realizarse el alta en la Seguridad Social, ya sea como autónomo o mediante la constitución de una sociedad mercantil.
En caso de contratación de personal, se requiere la inscripción de la empresa, el alta de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa laboral vigente, incluyendo prevención de riesgos laborales.
Todo bar que sirva alimentos debe cumplir la normativa higiénico-sanitaria. Es obligatorio disponer del certificado de manipulador de alimentos, implantar un sistema APPCC y garantizar condiciones adecuadas de limpieza, almacenamiento y control de temperaturas.
Las inspecciones sanitarias evalúan de forma periódica estos aspectos, por lo que mantener protocolos claros y documentados resulta esencial para evitar incidencias.
La inversión inicial varía en función del estado del local y del tipo de actividad, pero debe contemplar proyecto técnico, tasas municipales, adecuación del espacio, equipamiento, licencias y seguros. De forma orientativa, el presupuesto total puede oscilar entre 15.000 € y 60.000 €.
En cuanto a plazos, la declaración responsable permite iniciar la actividad de forma casi inmediata, mientras que los procedimientos ambientales complejos pueden prolongarse entre dos y seis meses.
Una planificación rigurosa permite reducir riesgos y optimizar recursos. Verificar la compatibilidad urbanística, analizar el aforo real, confirmar licencias anteriores y solicitar informes previos al Ayuntamiento son pasos clave antes de iniciar cualquier inversión.
Abrir un bar en Córdoba exige una gestión técnica y administrativa precisa, pero con una tramitación adecuada es posible iniciar la actividad con plena seguridad jurídica y bases sólidas para el crecimiento del negocio.
En un contexto donde la seguridad y la prevención de riesgos se han consolidado como ejes estratégicos imprescindibles para cualquier proyecto industrial, urbano o comercial, Tecnifuego ha situado nuevamente la protección contra incendios en el epicentro de SICUR 2026, celebrado en IFEMA Madrid. La asociación demuestra con hechos que garantizar la seguridad de personas, bienes y entornos no es una opción, sino una obligación ética y legal que protege vidas y patrimonio.
Durante cuatro días de intensa actividad técnica e institucional, el stand de Tecnifuego se convirtió en punto de encuentro de profesionales de toda España, con mesas redondas, talleres y presentaciones especializadas. La participación activa evidenció que la protección contra incendios hoy día no admite improvisaciones: es una disciplina técnica que requiere actualización constante, certificaciones, y equipos homologados para garantizar la eficacia en cualquier escenario de riesgo. Entre estos equipos, los extintores juegan un papel central, siendo la primera línea de defensa en instalaciones industriales, comerciales y residenciales.
El arranque de SICUR 2026 estuvo marcado por un debate crucial sobre los servicios de Central Receptora de Incendios (CRI), gestionados de manera remota. Tecnifuego presentó un marco técnico que estandariza procedimientos, mejora la verificación de alarmas y optimiza la coordinación con los servicios de emergencia, en un entorno cada vez más digitalizado. La necesidad de regulación es urgente: solo con procedimientos claros se asegura la fiabilidad de la respuesta ante cualquier incidente.
Entre las intervenciones más destacadas, Antonio Tortosa, presidente de Tecnifuego; Carlos Chicharro, director del Área de Protección Activa; Lluís Marín, coordinador del Comité Sectorial de Equipos de Detección; y Óscar Escriba, vicepresidente de Aescra, coincidieron en la necesidad de que la normativa acompañe la evolución tecnológica y garantice sistemas de detección y alarma confiables.
En paralelo, se subrayó la importancia de contar con equipos certificados y homologados. Disponer de un extintor abc 6 kg en instalaciones de alto riesgo no es solo una recomendación: se ha convertido en un estándar de seguridad, combinando eficacia, portabilidad y cumplimiento normativo. Su uso adecuado salva vidas y minimiza pérdidas materiales en escenarios de emergencia.
La innovación tecnológica y la transición hacia energías sostenibles plantean nuevos retos para la seguridad. Tecnifuego, en colaboración con APICI, organizó un foro específico sobre riesgos eléctricos derivados de instalaciones fotovoltaicas, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. Ulises Rojas, ingeniero de ZAG, enfatizó cómo los sistemas fotovoltaicos incrementan tanto la probabilidad de ignición como la propagación del fuego en cubierta, destacando la necesidad de ensayos a escala real y la implementación de soluciones constructivas como capas ignífugas o aislamientos no combustibles.
Además, Ignacio Prieto de ARUP abordó los riesgos asociados a autobuses eléctricos, de gas e hidrógeno en estaciones subterráneas, donde fenómenos como thermal runaway, emisiones tóxicas y sobrepresión requieren sistemas de ventilación reforzada, detección temprana y estrategias de extinción adaptadas a escenarios de alta complejidad. La prevención y anticipación de estos riesgos son esenciales para la protección de usuarios y operadores.
El manejo seguro de baterías de ion-litio también fue un tema crítico. Luis Sánchez, del Comité de Fabricantes de Equipos de Extinción de Tecnifuego, resaltó que la refrigeración es fundamental debido a la generación de oxígeno en el interior de las baterías, indicando que los métodos tradicionales de inertización no son suficientes. La certificación conforme a RIPCI, NFPA 855 y UNE-EN IEC 62933-5-2 se presenta como requisito imprescindible para garantizar la seguridad.
Asimismo, Tecnifuego recalcó la necesidad de contar con un extintor para garaje en espacios con vehículos eléctricos, combustibles o instalaciones de riesgo, como medida preventiva fundamental para evitar incidentes graves y costosos.
El avance hacia la construcción sostenible genera desafíos específicos en protección contra incendios. Blanca Andrés, del Danish Institute of Fire and Security Technology, presentó proyectos que integran materiales biológicos en edificación, subrayando la importancia de validar su comportamiento frente al fuego mediante ensayos a gran escala y colaboración con universidades e industria. La sostenibilidad no puede comprometer la seguridad: cada material debe cumplir criterios estrictos de resistencia y certificación.
Roberto de la Cruz, José Luis Legido y Ulises Rojas coincidieron en que la innovación solo es segura si se acompaña de validación técnica y normativa. La protección contra incendios hoy día exige rigor científico, ensayos documentados y cumplimiento de estándares internacionales, reforzando la necesidad de planificación, formación y adopción de tecnologías avanzadas.
Para profundizar en estrategias y soluciones efectivas, Tecnifuego recomienda revisar recursos especializados en prevencion de incendios, generando un ecosistema de conocimiento útil para empresas, administraciones y profesionales.
El “Día del Asociado” en el stand de Tecnifuego sirvió para presentar la nueva Junta Directiva y reforzar vínculos con empresas asociadas, profesionales y medios de comunicación. Marta Peraza, directora general, recalcó que la protección contra incendios es un sector estratégico que salva vidas y protege bienes, y que la formación de profesionales cada vez más cualificados es un pilar esencial para garantizar la seguridad.
Jon Michelena, director de Cepreven, destacó la reciente aprobación del certificado profesional de Instalaciones de Protección contra Incendios en PCI activa, desarrollado con Tecnifuego. Este certificado eleva la profesionalización del sector y asegura una empleabilidad cercana al 98%, gracias a la combinación de innovación tecnológica, regulación y demanda creciente de seguridad.
La participación de Tecnifuego en SICUR 2026 reafirma su liderazgo técnico y estratégico en el sector de la protección contra incendios. La asociación ha mostrado la urgencia de avanzar en marcos regulatorios claros, anticipar riesgos derivados de nuevas tecnologías y garantizar la formación profesional como eje central de la seguridad.
La combinación de innovación, formación y regulación convierte a Tecnifuego en un actor indispensable para cualquier proyecto que busque proteger personas, bienes y entornos. La protección contra incendios hoy día no es solo un requisito legal: es un compromiso social, una inversión en seguridad y sostenibilidad que protege vidas y patrimonio.
Tecnifuego ha situado la protección contra incendios en el foco de SICUR, subrayando que la prevención, la innovación y la profesionalización no son opcionales, sino esenciales en un mundo donde los riesgos evolucionan al ritmo de la tecnología. La seguridad no espera, y Tecnifuego lidera el camino para garantizarla con eficacia y rigor técnico.
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